Antonio David fue denunciado por su exmujer, Rocío Carrasco, en septiembre 2016, en un juzgado de violencia de género. El motivo de la denuncia era maltrato físico y psicológico y en la que se señalaba que había lesiones. Años después, durante la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, surgió un hecho que provocó que, en los próximos días, haya un nuevo juicio.
El documental sacó a la luz las irregularidades jurídicas del supuesto daño físico y psicológico al que estuvo sometida durante 20 años por Antonio David. La emisión de la docuserie en Telecinco, que fue un éxito de audiencia, generó mucha expectación y supuso la apertura de un gran debate social sobre la violencia de género.
Coincidiendo con la difusión programa nueve funcionarios accedieron de forma indebida al expediente de Rocío Carrasco. Dichos empleados públicos habrían entrado para curiosear la información que recoge el sistema sobre el mediático caso en el sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista (VioGén).
El acceso a esta información está limitado a un determinado grupo de funcionarios, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o personal de la Administración de Justicia. Su consulta siempre deja constancia sobre el personal que ha accedido a ella. El Ministerio del Interior detectó que ciertos trabajadores públicos habían accedido indebidamente.
El acceso coincidió con la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva
La fecha que quedó registrada fue el 22 de marzo, al día siguiente de la emisión de los dos primeros capítulos del documental. Días después se supo que esos funcionarios de Valencia, Alicante y Castellón no estaban relacionados con el caso de la expareja de Antonio David por lo que no debían haber accedido.
Los trabajadores públicos pertenecían a diferentes oficinas repartidas por la Comunidad Valenciana. El asunto llegó a juzgados de Alzira, Ontinyent, Moncada, Catarroja y Sueca, según confirmaron fuentes del procedimiento. El próximo jueves se juzgará a dos de los trabajadores implicados.
Dichos acusados consiguieron acceder a los documentos en el sistema informático, pudiendo haber cometido un posible delito de revelación de secretos. Tras abrirse diligencias, los trabajadores expedientados fueron apartados de sus funciones de atención a víctimas de violencia machista.
Desde la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana se abrió expediente para actuar administrativamente. Por otra parte también se pusieron los hechos en conocimiento de Fiscalía.
Entre los datos que consultaron dichos empleados constaban los teléfonos personales de Antonio David y de su exmujer. Otros datos como direcciones particulares o la unidad policial que asumió las denuncias de la hija de Rocío Jurado.
Además, revisó las "valoraciones del riesgo realizadas y nivel del riesgo actual", así como la "fecha de la denuncia y medidas judiciales adoptadas".
El juicio comenzará esta semana
El juicio tendrá lugar el próximo jueves 12 de enero en la sección cuarta de la Audiencia, según ha confirmado el TSJ de Valencia. Serán juzgados, por el momento, dos de los funcionarios denunciados. Uno de ellos trabajaba como psicólogo y la otra persona como trabajadora social interina en una oficina de atención a las víctimas del delito.
La Fiscalía acusa a ambos funcionarios de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La pena que se pide es de tres años y medio de prisión y una multa de 18 meses a razón de 10 euros diarios y seis años de inhabilitación.
Dichos trabajadores públicos no debieron acceder a la información personal de Antonio David y Rocío Carrasco por no ser de su competencia.
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