Un conocido negocio con sede en Cataluña enfrenta una ola de críticas por parte de sus clientes. Modificaciones recientes en las condiciones de los servicios contratados han generado malestar, con denuncias de cobros adicionales y restricciones que muchos consideran abusivas. Los afectados no han tardado en organizarse para reclamar sus derechos.
La empresa en cuestión es un reconocido negocio dedicado a la gestión de instalaciones deportivas y servicios de fitness en Cataluña. Sus servicios incluyen acceso a gimnasios, clases dirigidas, zonas de spa y actividades grupales, los cuales han sido muy valorados por los usuarios. Se trata de la cadena de gimnasios DiR, que ha implementado recientemente cambios en sus condiciones. Según la empresa, estos se deben al incremento en los costes operativos y a la necesidad de adaptarse a una mayor demanda, lo que ha generado controversia.
Cobros inesperados que molestan a los clientes
Muchos usuarios han comenzado a recibir cargos no previstos en sus cuentas, lo que ha despertado un profundo descontento. Quienes contrataron planes con acceso ilimitado, sin cuotas mensuales adicionales, afirman que las nuevas políticas han supuesto un cambio radical respecto a lo inicialmente pactado.
Entre los testimonios, se destaca el caso de quienes pagaron grandes sumas de dinero hace años con la promesa de disfrutar de beneficios completos. Desde hace poco, han empezado a registrar cargos periódicos bajo conceptos como "mantenimiento" o "uso extra", lo que ha llevado a varios clientes a considerar estas prácticas como un incumplimiento contractual.
Restricciones en servicios previamente garantizados
Además de los cobros imprevistos, varios clientes han señalado que algunos servicios antes ilimitados ahora tienen restricciones. Actividades grupales y el uso de instalaciones específicas, que antes no tenían limitaciones, ahora cuentan con restricciones en cuanto al acceso, tiempo de uso o la frecuencia permitida.
Estas limitaciones, introducidas sin previo aviso, han sido calificadas por muchos como un intento de obtener mayores beneficios a costa de los socios. Como resultado, el descontento ha crecido y algunos clientes están evaluando opciones legales para defender sus derechos.
Demandas colectivas y reacciones de los afectados
En respuesta a esta situación, un grupo de alrededor de 850 personas ha decidido tomar medidas legales y preparar una demanda colectiva. Entre las acusaciones destacan el incumplimiento de los acuerdos iniciales y la modificación unilateral de los términos contratados.
La cifra de clientes que se suman a esta iniciativa sigue aumentando. Representantes de los afectados esperan que la empresa rectifique y asuma su responsabilidad, ofreciendo una compensación a quienes se sienten perjudicados.
Respuestas insuficientes y tensión creciente
Por su parte, la empresa asegura que las medidas implementadas responden a la necesidad de adaptarse a una mayor demanda. Aunque argumentan que los cambios son necesarios para mantener la calidad del servicio, los afectados no comparten esta postura y consideran que no se han respetado los compromisos adquiridos.
Mientras tanto, los clientes que optan por no aceptar las nuevas condiciones enfrentan la posibilidad de cancelar sus contratos, lo que para muchos supone una solución poco satisfactoria. La tensión sigue creciendo, y la resolución de este conflicto aún parece lejana.