Nuria Marín se ha visto obligada a frenar una vez más 'Socialité' para informar acerca de una de las últimas demandas a las que ha tenido que enfrentarse Mediaset.
En este caso, se trata de una demanda que la cadena ha perdido contra Daniel Sánchez Laborda y Carmen Laborda por un delito "de intromisión al honor y a la intimidad".
Un delido cometido por el programa 'Sálvame', pero que ante su ausencia, ha obligado a Nuria Marín a dar explicaciones desde su propio programa. Algo, que le exigen en la propia sentencia.
Para entender qué ha pasado, debemos remontarnos a las emisiones del 18 y 25 de junio de este mismo año. Ahí era cuando Daniel, íntimo amigo de Kiko Jiménez y Sofía Suescun, decidía arrementer en su contra.
Así, les acusaba de ser unos montajistas. Algo, que a su vez, provocaba que pusiesen el foco en él y en su madre, Carmen Laborda. Unas informaciones que finalmente les empujaron a emprender acciones legales.
Y ahora, parece que la justicia les ha terminado dando la razón, obligando también a la cadena a leer "el fallo de la sentencia". Lo que debe hacerse en el propio programa que ha cometido el delito. Aunque, a falta del mismo, ha sido Nuria Marín la encargada de hacerlo público desde 'Socialité'.
Nuria Marín, obligada a leer la sentencia en directo
Así, la presentadora se ha visto obligada a parar el programa en directo para leer dicho comunicado de parte de la cadena.
"Declarar que algunos contenidos del programa 'Sálvame' emitidos el 18 y el 25 de junio de 2020 constituyeron una intromisión en los derechos fundamentales al honor y la intimidad personal de Daniel Sánchez y Carmen Laborda", comenzaba leyendo.
Del mismo modo, Nuria informaba que que la cadena estaba obligada a pagarles unos 2600 euros en concepto indemnización por daños morales.
Y esta no es la primera vez que Nuria Marín debe hacer frente a algo así, ya que hace poco también estuvo obligada a informar sobre la demanda que había recibido la cadena de parte de Agustín Pantoja. Por su parte, el hermano de Isabel Pantoja les exige unos 50.000 euros también por un delito de intromisión en su derecho al honor y a la intimidad.