En España, dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social es una obligación esencial para todas las empresas y autónomos. Este proceso asegura que los empleados tengan acceso a prestaciones básicas como la atención médica, las coberturas por accidentes laborales y las prestaciones por desempleo. Y eso sí, no cumplir con esta normativa puede traer graves consecuencias legales y económicas para los empleadores.
Multas por no dar de alta a los trabajadores
La normativa vigente establece que no dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social se considera una infracción grave. Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), las multas por esta omisión varían dependiendo de la gravedad de la infracción y del número de trabajadores afectados:
- Grado mínimo: De 3.750 a 7.500 euros.
- Grado medio: De 7.501 a 9.600 euros.
- Grado máximo: De 9.601 a 12.000 euros.
Estas multas se aplican por cada trabajador no dado de alta. Además, si durante una inspección se detectan múltiples infracciones, la multa por cada infracción se incrementa proporcionalmente. Por ejemplo, si hay dos trabajadores sin alta, la multa se incrementará en un 20% por cada infracción adicional, y así sucesivamente hasta un límite máximo.
No solo se imponen multas, sino que también se deben pagar las cotizaciones sociales no abonadas con los correspondientes recargos. En situaciones más graves, el incumplimiento puede tener consecuencias penales. Por ejemplo, si se trata de fraude o de una evasión sistemática, las penas pueden incluir prisión de seis meses a seis años.
Además, no dar de alta a los trabajadores puede resultar en la pérdida de acceso a beneficios y derechos laborales por parte del trabajador. Hablamos de derechos como el acceso a la sanidad pública, la cobertura por accidentes laborales y las prestaciones por desempleo. Esto puede afectar negativamente la calidad de vida del trabajador y su capacidad para recibir asistencia en caso de necesidad.
Exigencias de la Seguridad Social
Para evitar estas sanciones, es crucial que los empleadores cumplan con sus obligaciones legales y aseguren que todos los trabajadores estén dados de alta antes de comenzar su actividad laboral. Esto incluye no solo el alta inicial, sino también la comunicación de cualquier cambio en las condiciones de trabajo, como modificaciones de salario o bajas laborales.
La Seguridad Social exige que el alta se realice de manera previa al inicio de la relación laboral. No es posible tramitar el alta de forma retroactiva, y cualquier intento de hacerlo puede ser visto como un intento de fraude.
¿Cómo prevenir sanciones?
Para evitar problemas, es recomendable que las empresas y autónomos sigan los siguientes pasos:
- Mantengan un sistema eficiente de gestión de nóminas y altas de trabajadores.
- Estén siempre al tanto de los cambios en la normativa laboral y de Seguridad Social.
- Comuniquen todas las altas y bajas de empleados en los plazos establecidos.
- Cuenten con la asesoría de profesionales en materia laboral para garantizar el cumplimiento normativo.
Cumplir con estas obligaciones no solo protege a los trabajadores, sino que también ayuda a las empresas a evitar sanciones costosas y a mantener una operación legal y ética.